- El Gobierno, legisladores, empresarios, académicos y especialistas empujan un rediseño del Sistema Nacional Anticorrupción, de las auditorías y de la fiscalización para colocar el combate a la impunidad como una prioridad
Elia Castillo Jiménez
El combate al huachicol fiscal y a las redes de facturación falsa se perfila como la puerta de entrada a la mayor reingeniería institucional contra la corrupción que ha planteado el oficialismo desde hace ocho años, cuando llegó al poder. Como ha podido saber EL PAÍS de fuentes conocedoras de las negociaciones, detrás de esa ofensiva se delinea un paquete de reformas con…
El Gobierno de México se prepara para implementar una reforma integral que busca combatir el huachicol fiscal y las redes de facturación falsa, marcando un cambio significativo en la lucha contra la corrupción. Esta iniciativa, que se ha gestado durante ocho años, busca reestructurar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y mejorar la fiscalización del uso de recursos públicos.
Fuentes cercanas a las negociaciones han indicado que se planea un paquete de reformas constitucionales y legales que no solo endurecerán las sanciones penales, sino que también transformarán la forma en que se auditan y fiscalizan las instituciones. La propuesta cuenta con el respaldo del Gobierno y de un sector de legisladores de Morena, así como de empresarios y académicos de instituciones como la UNAM y el CIDE.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado su interés en fortalecer la política anticorrupción, y ha anunciado que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, junto con la Auditoría Superior de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, están trabajando en modificaciones legales que se presentarán en una propuesta conjunta.
Uno de los objetivos principales de esta reforma es abordar el huachicol fiscal, un fenómeno que ha ganado notoriedad en los últimos meses. Se busca implementar una nueva legislación que penalice no solo a quienes roban hidrocarburos, sino también a quienes compran combustible de procedencia ilícita, abarcando sectores como estaciones de servicio y grandes empresas.
Asimismo, se pretende cerrar espacios a las operaciones de facturación falsa mediante cambios en la legislación fiscal, enfocándose en sindicatos, universidades y gobiernos estatales, donde se han detectado mecanismos para evadir impuestos.
Los impulsores de la reforma sostienen que el objetivo va más allá de perseguir delitos específicos; buscan modificar la estructura institucional que ha demostrado ser insuficiente para contener la corrupción. Se plantea una reingeniería del sistema de auditorías, con un enfoque en la independencia y la capacidad de las auditorías locales y federales.
El proyecto también propone transformar el SNA en un mecanismo de coordinación obligatoria, con un papel central del presidente, lo que ha generado debates sobre el riesgo de una posible concentración de poder en la lucha anticorrupción.
Entre los cambios propuestos se incluye la eliminación de privilegios para la clase política, como la eliminación del fuero y modificaciones al juicio político, con el fin de cerrar espacios de impunidad que han protegido a altos funcionarios.
Los legisladores han enfatizado que esta reforma no está dirigida a personas específicas, aunque coincide con investigaciones que han alcanzado a figuras de varios partidos. La intención es crear un marco legal preventivo que modifique los incentivos institucionales para combatir la corrupción de manera más efectiva.
